Comprender la verdadera naturaleza del conflicto mapuche es hoy, un imperativo para nuestras clases dirigentes para no volver a repetir los errores de apreciación que tuvieron en el pasado respecto de fenómenos sociales que eran y se demostraron, en su momento, claves para el funcionamiento del país. Así fue con el tema militar y el rol de las FF. AA y, posteriormente, con el funcionamiento de la economía, en el cual el país sufrió dolorosos procesos de aprendizaje.
Hoy día, ambos temas, están absolutamente internalizados. El conflicto mapuche vuelve nuevamente a repetir la historia. Hay un desconocimiento generalizado sobre su naturaleza, alcances y proyecciones, ya que no se logra tener una mirada de su verdadera dimensión y por lo tanto no está en la agenda como una cuestión estratégica para el funcionamiento de nuestra sociedad. Ni los partidos políticos, ni las universidades, ni los diferentes grupos dirigenciales parecen entender el fenómeno. La mirada que se tiene es fundamentalmente de tipo desarrollista asociada a la pobreza; y el conflicto un problema de orden público. A eso hay que agregarle una cuota de racismo encubierto, cuando no manifiesto sutilmente.
La historia de las relaciones del Estado chileno con los mapuches no debería ser una cuestión difícil de desentrañar, puesto que el inicio de los acontecimientos se remonta solamente a unos 120 años atrás.
La llamada "Pacificación de la Araucanía" tiene su hito central el año 1881. Estamos hablando, probablemente, de los bisabuelos o tatarabuelos de las actuales generaciones. Es historia reciente que consta en todo tipo de documentos, incluso en la prensa de la época; y, sin embargo, constituye una nebulosa, una especie de caja negra que los diversos grupos dirigenciales chilenos no han querido abrir, tal vez por una suerte de culpabilidad asentada en el inconsciente colectivo.
Lo concreto, es que hay un desconocimiento increíble del tema en su historia y en su posterior desarrollo; entonces, claro, las recetas y fórmulas no logran dar con la verdadera naturaleza de la cuestión.
Para entender el problema, es necesario hacer una afirmación: si hay una cuestión que cruza a todas las generaciones de mapuches hasta las actuales es el sentimiento, profundamente arraigado, como una cuestión cultural, que cada vez que hay una relación importante con el Estado chileno, el pueblo mapuche ha salido de perdedor. En cada recodo del camino en que ambos se han encontrado, el resultado está como predeterminado: siempre pierde el mapuche, en las cosas colectivas y en las relaciones personales. Por lo tanto la credibilidad en el Estado y sus Instituciones es mínima.
Estamos hablando de credibilidad como concepto general y como sentimiento colectivo sin perjuicio que individualmente puedan darse muchas situaciones de confianza. Estamos hablando de situaciones en que, conflictivas o no, el Estado adopta resoluciones y ejerce el rol de arbitraje: se sabe de antemano quien será el perdedor. En consecuencia, mapuches y comunidades, activas o pasivas, combativas o no, más conscientes o menos conscientes, politizados o no, están sí de acuerdo en que el Estado no ha sido neutral; cada vez que resuelve, se puede predecir el resultado. La credibilidad en el Estado es muy baja o inexistente. Entonces, las instituciones públicas van a estar siempre en entredicho o cuestionadas; conceptos tales como estabilidad política, estado
de derecho, consensos básicos, unidad nacional, etc., poco o nada le dicen al mapuche o sus comunidades.
Esto es importante tenerlo presente porque, muchas veces, se escucha el argumento de que tal o cual dirigente no representa a nadie; o a lo más son unas pocas las comunidades conflictivas, siendo la inmensa mayoría pacificas y ajenas a los conflictos, de ahí coligen que éstas no tendrían los sentimientos o motivaciones que tendrían aquéllas. Grueso error. Es probable que existan muchas diferencias entre los diversos liderazgos respecto de múltiples aspectos, pero, sin embargo, si hay algo enraizado culturalmente es la falta de credibilidad en el Estado y sus Instituciones; es la sensación de sentirse perdedores frente al "huinca" y a la sociedad chilena.
A mi juicio, esta cuestión cultural se ha ido formando e internalizando, de generación en generación, a partir de hechos importantes en que el actor principal ha sido el Estado o los "particulares" con ayuda de éste:
1. Las leyes dictadas por el Estado chileno a partir de 1866 y otras posteriores, vienen a legalizar (el estado de derecho en acción) por así decirlo, el proceso de ocupación, por parte del Estado, de los territorios mapuches que iban desde el Bio Bio hasta el Toltén y cuyo hito señero es la derrota del año 1881.
En concreto, de unas 10 millones de hectáreas que constituía el territorio mapuche (considerando el sur de Chile) los mapuches son reducidos a unas 500 mil hectáreas, con todas las consecuencias que es posible imaginar en el plano familiar y en el funcionamiento de su sociedad.
En consecuencia, los mapuches no se integraron al Estado chileno voluntariamente; ellos fueron incorporados por la fuerza.
Sobre este primer punto hay una serie de temas relacionados que escapan al propósito de este artículo, pero que son muy importantes por las consecuencias que se pueden obtener. Al respecto, señalo solamente el gran debate habido en la sociedad chilena en los años 30 y décadas siguientes del S.XIX respecto si el territorio entre el Bio Bio y el Toltén, pertenecía o no a Chile, y si sus habitantes, los indígenas, eran o no chilenos, debate que se dio, naturalmente, también en el Congreso Nacional.
Lo concreto es que esta acción de reduccionismo (de reciente data histórica) constituye la base de muchos de los planteamientos políticos de crecientes organizaciones indígenas, la que se expande lenta y progresivamente en las nuevas generaciones. Se le ve como el primer acto de agresión del Estado chileno.
Es el nacimiento de la llamada deuda histórica.
2. La acción de los tribunales de justicia (nuevamente el estado de derecho en acción) respecto de las reclamaciones efectuadas por los mapuches por las usurpaciones, corridas de cerco, fraudes, engaños, acción de los tinterillos y todo tipo de abusos cometidos por los particulares.
Se calcula que un tercio de las tierras entregadas por título de merced fueron usurpadas en los primeros 50 años del S.XX. Aquellos títulos eran totalmente precarios por lo que al traspasarlos a la realidad, generaba situaciones de hecho donde ganaba el más poderoso.
En esas décadas los mapuches perdieron miles de juicios en los tribunales de justicia.
Solo en el año 1929 se ventilaban en la Corte de Apelaciones de Temuco 1709 juicios, entre mapuches y particulares, sin contar los de primera instancia que no eran apelados, consignando que en la provincia de Cautín existían en dicho año 2173 comunidades, todo lo anterior, sin considerar las causas de las Cortes de Concepción y de Valdivia. Estos datos tienen como fuente la propia Corte de Apelaciones de Temuco que recoge la prensa local de la época.
En consecuencia, las generaciones de esa época sufrieron el embate del Estado, esta vez de manos de la justicia, saliendo nuevamente de perdedores.
Con los fallos de esa época, se legalizaron miles de situaciones de hecho, quedando los títulos de propiedad saneados, los que han servido, actualmente, en muchos casos, de base para los alegatos de las empresas forestales u otros adquirentes particulares respecto de la legalidad de sus adquisiciones. La respuesta de los dirigentes mapuches es que dichos fallos de los tribunales de justicia revestirán a los títulos de propiedad de una legalidad formal, pero que ellos carecen de legitimidad.
3. Entre los años 1967 y 1973 el Estado chileno llevó a cabo un proceso de reforma agraria en virtud del cual unas 30.000 hectáreas fueron traspasadas a campesinos indígenas. Posteriormente, el mismo Estado, durante el régimen militar inició la contrarreforma agraria quitándole, a dichos campesinos, unas cuantas miles de hectáreas de aquellas que años atrás le había entregado.
En este juego de poderes dentro del Estado, en que el pueblo mapuche no ha tenido arte ni parte, una vez más en nombre del estado de derecho, en pocos años, le dan y posteriormente le quitan, en los que nuevamente por los vaivenes de la política estatal, el campesino mapuche termina siendo el perdedor.
4. El año 1979, el gobierno militar inicia el proceso de división de las comunidades indígenas con la dictación del D.L. 2.568. El tema de la división de las comunidades, tuvo en nuestro país una larga discusión que se remonta a la década del año 20 del siglo pasado y que continúa por los 50 años siguientes, encierra un conjunto de elementos que no es del caso tratarlos aquí.
Para los efectos del análisis que venimos haciendo, digamos que los decretos leyes dictados por Pinochet sobre esta materia, establecieron lo que se llamó "el derecho de ausente", en virtud del cual los mapuches que no estaban en las tierras comunitarias, cuando se iniciaba la división de la comunidad, automáticamente perdían todo derecho a la tierra, en que se les declaraba "ausentes" "recibiendo", de esa manera tierras solo el comunero que estaba en el lugar. Con este procedimiento, miles de mapuches que por diversas razones habían emigrado a las
ciudades (Santiago-Temuco, etc.) o la Argentina en busca de mejores oportunidades dada la estrechez de las comunidades, perdieron su derecho a la tierra, derecho que, en definitiva, es el derecho a la herencia que le correspondía en la comunidad.
Cabe mencionar que a cambio, este derecho se le cancelaría en dinero, conforme al avalúo fiscal que tuvieran las tierras de la comunidad.
Esta verdadera confiscación del derecho a la herencia se hizo, no obstante estar vigente el Acta Constitucional N°3, en que se establecía y protegía el sagrado derecho a la propiedad privada de todos los habitantes del país sin distinción alguna. Probablemente, ningún grupo social en Chile, con cierto poder, habría admitido un despojo y atropello de esta naturaleza.
A muchos miles de mapuches el Estado les pago su derecho de ausentes a unos $5.000 o $10.000 por cabeza conforme a la proporción del avalúo fiscal de los terrenos comunitarios.
Tan irritante y desacreditada era esta situación que en pleno funcionamiento de la Ley Indígena, el Consejo de la Conadi, decidió suspender este proceso, porque era una vergüenza pagarles esas sumas a las personas declaradas ausentes. En lo sucesivo, cada año, la Ley de Presupuesto para la Conadi solo consigna para el "Fondo del derecho de ausente", una suma simbólica, en este aspecto, se está a la espera de tiempos mejores. Actualmente, el año 2002, unos 20.000 mapuches esperan que algún día les paguen sus derechos.
5. Otro tema en que el pueblo mapuche se ha encontrado con el Estado es el relacionado con las empresas forestales. Como antecedente, sólo en la Novena Región hay unas 330.000 hectáreas de bosques artificiales, plantados al amparo del subsidio establecido en el D.L. 701. En este caso, las plantaciones artificiales han significado divisas para el país, pero el costo de este gigantesco desarrollo, lo han pagado, entre otros, los mapuches, una vez más, ya que este tipo de plantaciones exógenas han afectado el ecosistema de aquellos territorios que ancestralmente ocuparon los mapuches. Las comunidades aledañas a los bosques no reciben beneficio alguno, y ven afectadas sus napas de agua, vertientes y pozos; los campos se secan y por ende las faenas agrícolas se hacen cada día más difíciles de realizar.
La forma en que estas empresas forestales adquirieron sus predios es otra fuente de conflictos, puesto que, a la demanda de restitución de tierras alegando derechos ancestrales, se ha opuesto la legalidad de los títulos saneados en el pasado, muchos de ellos, por sentencia de los tribunales de justicia.
Si a eso se agrega las malas relaciones de vecindad ya que estos fundos forestales no tienen habitantes sino solo guardias, entonces se puede com-prender como se generan los conflictos.
En resumen, nuevamente la acción del Estado produce este desarrollo forestal que beneficia solamente a un sector de la sociedad, a costa de que nuevamente, frente a este proceso, las comunidades cosechen solo resultados negativos.
6. En el caso de Raleo también se dan los componentes señalados anteriormente respecto de la credibilidad, confianzas y resultados unilaterales. Aquí el sentimiento que existe tiene una doble dimensión: por una parte, que' el desarrollo energético del país ha tenido a un solo protagonista pagando el costo, en este caso el grupo social de los pehuenches, y que, una vez más, el Estado no haya sido neutral sino que por el contrario, se haya jugado claramente por la empresa dueña de la central.
Probablemente pueden darse muchos argumentos a favor de la construcción de la central Raleo pero el sabor que queda en los distintos sectores indígenas, es que nuevamente el Estado y los poderosos estuvieron en su contra.
La otra dimensión, es que los mapuches tenían la convicción que, con la dictación de la Ley Indígena, el Estado se había comprometido solemnemente a proteger las tierras indígenas, que, por lo demás, así lo proclama, expresamente, el texto legal. Pero ahora, recibe sólo explicaciones jurídicas... que la ley eléctrica se superpone a la ley indígena, que las servidumbres... que el interés nacional, etc.; el solemne compromiso de los años 89 y siguientes, y que tiene su concreción en la dictación de una ley de la República, es objeto de todo tipo de interpretaciones y de explicaciones. ¿Cómo creerle al Estado?
7. El año 1989 fue un hito muy importante para las relaciones entre los partidos políticos y los diversos pueblos indígenas del país. El entonces candidato presidencial de la concertación de partidos por la democracia, don Patricio Aylwin Azocar, firmó el Acuerdo de Nueva Imperial con prácticamente la totalidad de las organizaciones indígenas, no solo mapuches sino también de los Aymarás, Rapanui, Atácamenos, etc.
Cabe mencionar que fue un acto solemne que recordó los antiguos Parlamentos celebrados con la Corona española; hito muy importante para el mundo indígena.
En dicho Acuerdo había dos cuestiones básicas que asumía y se comprometía solemnemente el futuro presidente de Chile: dictar una nueva Ley Indígena y presentar una reforma a la Constitución que reconociera a los pueblos indígenas como actores validos en la institucionalidad nacional; y, en ese ámbito, se sumaba la aprobación del convenio 169 de la OIT. Las organizaciones indígenas, por su parte, se comprometían con la democracia y los caminos institucionales que ésta conlleva.
Era la primera vez que se planteaba una demanda política a un conglomerado de partidos que, en ese entonces, tenía todas las posibilidades, como efectivamente ocurrió, de gobernar al país.
El presidente Aylwin cumplió su palabra y el año 1993 se promulgó la ley indígena que se gestó con una amplia participación. Igualmente envió al parlamento la reforma que establecía el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas; igual cosa ocurrió con el Convenio 169 de la OIT.
Después de 12 años en el Congreso Nacional no se han obtenido resultados. El convenio fue aprobado en la Cámara y pasó el examen del Tribunal Constitucional que conoció de él, en virtud de un requerimiento formulado por diputados de derecha; actualmente, y por casi dos años se encuentra en la comisión de RR.EE del Senado. La reforma constitucional se
encuentra a fojas O, ya que en la Cámara no logró reunir los votos necesarios para su aprobación: faltaron votos de derecha y de la concertado: estos últimos por inasistencia a la sesión respectiva.
Nuevamente, nos encontramos con un problema de credibilidad, puesto que, en este caso, un grupo de partidos políticos gobernando ya por casi tres períodos, se comprometió solemnemente con la reforma constitucional y el convenio 169 y después de trece años esta palabra no ha sido cumplida.
En este cuadro que hemos descrito, y que comienza con el reduccionismo, mezcla de conquista y colonización, con procedimientos de abusos y atropellos, la altiva alma mapuche quedó con la cerviz doblada, blanco de humillaciones y discriminaciones que la dejarán con una visión pesimista de la vida, llena de desconfianzas y de falta de credibilidad en los "huincas" representados por el Estado y la sociedad chilena.
Este ha sido un proceso largo y doloroso que se ha transmitido de generación en generación a lo largo de estos 120 años. Como sucede en todo grupo social sus dirigentes han enfrentado esta realidad con diversos matices o diferencias que se han ido perfilando, cada día con mayor nitidez, en la medida en que se va descubriendo la verdadera naturaleza del conflicto que los ha enfrentado con el Estado.
La defensa de los indígenas y la integración a la sociedad chilena mediante la educación fueron los objetivos de los primeros dirigentes como Manuel Manquilef, Francisco Melivilu y otros que actuaron con la Sociedad Caupolicán desde los años 1911 y siguientes. Posteriormente, surge un discurso más radical con un indigenismo que lucha por la tierra, la radicación, en contra de las usurpaciones y los atropellos y la preservación de las tradiciones; es don Manuel Aburto Panguilef y su Federación Araucana, cuyo último congreso se realizó el año 1939.
Don Venancio Coñuepan y su Corporación Araucana, su aporte como diputado, su política de alianzas con el Partido Conservador, con el gobierno de Ibáñez que lo nombra Ministro de Tierras y Colonización significan un impulso a objetivos de desarrollo de las comunidades y de creación del primer organismo del Estado preocupado de los asuntos indígenas.
En los tiempos del gobierno militar surgen los Centros Culturales al amparo del Obispado de Temuco, que derivan en una serie de organizaciones que junto con otras surgidas a partir de una mayor permisividad del régimen, serán los que firmarán el acuerdo de Nueva Imperial el año 1989. Sus objetivos serán desarrollo con identidad, tierra, educación, cultura; pero, por primera vez, se plantea un objetivo político: ser reconocidos como pueblo en la Constitución Política de la República.
En el devenir de los últimos 40 años se fue produciendo un fenómeno común en muchos países americanos, y también, naturalmente, en Chile: la migración del campo a la ciudad. Al respecto, el censo del año 1992 señaló que había más mapuches en Santiago que en el sur de Chile, lo que ha sido denominado fenómeno de la urbanización indígena.
Paralelamente surgen nuevos liderazgos; dirigentes que provenían de las comunidades pero que habían vivido este proceso de urbanización, que conocían el país y los problemas del mundo merced a su mayor preparación y formación, incluso muchas
veces, universitaria. Dirigentes que saben lo, pasa en otros lugares del planeta y por supuesto del trato que reciben los pueblos indígenas en otras latitudes, fundamentalmente en el mundo desarrollado.
En muchos países se vive la emergencia de un nuevo indigenismo. La acción de las Naciones Unidas y un desarrollo creciente del derecho internacional de los pueblos indígenas, hacen que surjan nuevos temas, como el concepto de territorio, autogestión, multiculturalidad, autodeterminación, participación política, etc. Es decir, temas eminentemente políticos.
Por otro lado, la llamada "Pacificación de la Araucanía" con su reduccionismo territorial, transformó la rica sociedad ganadera mapuche en una sociedad, desde el punto de vista económico, de campesinos pobres, constituyéndose hoy en día en campesinos minifundistas, en una zona de agricultura tradicional. Son 120 años de pauperización. Entonces, cuando hoy día se plantea que el problema del pueblo mapuche es la pobreza, la verdad que éste se ha arrastrado desde el reduccionismo forzado que ejecutó el Estado chileno hace ya 120 años atrás.
Hoy día, en consecuencia, hay conciencia en los sectores de dirigentes indígenas que las causas últimas de la actual situación en que se encuentra el pueblo mapuche tienen su origen en la acción del Estado, o en sectores de la sociedad, cuya actuación el Estado, en su momento avaló y justificó. Entonces, la petición al Estado se puede resumir en una sola: éste debe pagar la deuda histórica que contrajo con sus acciones a partir de la ocupación de los territorios mapuches y que significó el reduccionismo a una sociedad campesina minifundista, discriminada, atropellada, colonizada y cuya pobreza se arrastra por 120 años. La naturaleza del conflicto es, en consecuencia, política. Las políticas asistencialistas desarrollistas son solo paliativos que han demostrado su fracaso por más de un siglo y que eluden el verdadero problema de fondo que se ha planteado.
Se hace necesario por tanto, un NUEVO TRATO que reconozca que el pueblo mapuche es anterior al Estado, que tiene personalidad propia que se expresa en su historia, en su lengua, tradiciones, religión, etc., y que por lo tanto, la sociedad chilena es multicultural, y que dicha diversidad debe ser reconocida en el pacto político que es la Carta Fundamental que fija las reglas del juego de su funcionamiento. En ese instante, el pueblo mapuche, será un actor válido que será dignificado debidamente por los atropellos sufridos, lo que comprenderá reparaciones económicas de verdad, autonomía y respeto para vivir su propia identidad; participación política y desarrollo en el mundo actual, desde su propia cosmovisión.
Así, y solo así, se superará la pobreza, la discriminación y el reduccionismo, lográndose de esta manera, que nuestro país se vea enriquecido con esta diversidad y fortalecido en su unidad nacional.
