Un debate condenado a muerte

Seriedad. Es lo único que se pide. Todos tenemos el legítimo derecho de expresar una opinión sobre si Chile debe volver a adoptar la pena de muerte como castigo máximo a un violador y asesino como el de Francisca.

Pero para debatirla, por favor, que se esgriman argumentos de peso. Hablarle a la galería parece fácil pero, cuidado, la galería no es tonta y hace rato aprendió a discriminar entre los políticos de discurso populista y los que hablan en serio.

Vamos por partes. Obviando lo evidente que resulta ver la crueldad con la que actuó el asesino, nadie aquí –al menos hasta ahora- ha pretendido considerarlo una víctima ni menos defenderlo. Hasta su propio abogado renunció al caso porque contradecía sus convicciones éticas y morales.

Aquí lo que se busca es una mirada global sobre qué tipo de sanciones penales le convienen a nuestra sociedad y, más importante aún, si estas sirven para evitar que hechos tan horrorosos como este no sigan ocurriendo.
Parlamentarios de gobierno como Felipe Harboe, que defienden a ultranza la determinación del Estado Chileno de haber erradicado esta condena de nuestros códigos, dicen que no pueden proponer la pena capital los mismos que se opusieron a la píldora del día después. Bueno, póngase de acuerdo diputado Harboe: para este debate resulta que la píldora si es abortiva pero para cualquier otro no lo es. ¿Quién lo entiende?

Siguiendo esa lógica, hay primero una evidente diferencia entre un ser indefenso (si es que acaso un conjunto de células en etapa de pre-formación puede ser llamado “ser”) y un sujeto ya nacido y desarrollado (en este caso, el criminal). Pero vamos a la contradicción de fondo: Si se sigue la lógica contradictoria planteada por Harboe, ¿significa entonces que los que están a favor de la tan mentada píldora no pueden oponerse a la pena de muerte? Yendo más allá incluso, ¿esto quiere decir que los que impulsan una ley de aborto están obligados también a respaldar la pena capital?
Los que no quieren reinstaurar la condena a muerte dicen que las discusiones en caliente, a partir de un hecho puntual, enceguecen el debate porque “los árboles no dejan ver el bosque”. Mentira. Grandes leyes en Chile se han discutido y aplicado a partir de experiencias traumáticas. La legislación antisísmica vigente hoy existe después de la catástrofe de dos terremotos que sacudieron al país. ¿O acaso no fue esta misma semana que, a partir del caso “Cisarro”, se anunció una reestructuración completa del Sename?

Otros argumentan también razones religiosas para rechazar la pena de muerte. Matar es pecado. Pero, ¿cómo? Tenía entendido que el nuestro es un Estado laico. ¿O es que cuando le conviene al Gobierno de turno se hace valer la opinión de la Iglesia? Además, no olvidemos que una de las más difundidas encíclicas del Papa Juan Pablo II justifica la pena capital en casos extremos “en legítima defensa de las sociedades”. En fin.

En la trinchera contraria, los que claman por la pena de muerte olvidan varias cosas: Primero y lo más obvio es que las leyes nunca tienen efecto retroactivo por lo que, incluso si se reinstalara la condena, el asesino de Francisca no enfrentaría jamás un pelotón de fusilamiento.
Segundo: en el Chile de antes, ese con pena de muerte, también existieron crímenes atroces y no hubo disminución palpable de este tipo de actos.

Tercero: después de un largo debate, nuestra sociedad y nuestros parlamentarios (casi los mismos de hoy porque, como sabemos, el sistema binominal les permite reelegirse ad eternum) abolieron la pena capital. Firmamos tratados internacionales que hacen, en la práctica, casi imposible volver a incluirla en nuestros códigos penales.

Hay más. Algunos dicen no estar disponibles para que sus impuestos financien la estadía en prisión de un asesino. Con todo respeto pero los impuestos se llaman así, “impuestos”, porque el Estado los “impone”. Si no, se llamarían “voluntarios”. Se impone la contribución de un porcentaje de nuestros ingresos para mantener una mejor y más solidaria sociedad. Y, aunque en ciertos casos no nos guste, esa solidaridad colectiva nos obliga a hacernos cargo de todos, los desposeídos, los enfermos, los buenos y los malos también. Que el Estado haga bien o no su pega en esas u otras áreas es harina de otro pesado costal, pero pretender que la autoridad determine que una vida vale más que otra parece algo poco aceptable.

Filosóficamente hablando, tampoco parece muy presentable que a los enfermos terminales se les niegue el derecho a elegir su propia muerte pero, como contrapartida, un puñado de terceros decida quien vive y quien no.
Lamentablemente el de Panchita no es un caso tan aislado. En Chile ocurren todas las semanas violaciones de niños y adultos, así como también asesinatos de bebés y hechos de sangre que regularmente inician nuestros informativos.
Tendríamos entonces que aplicar pena de muerte a una docena de criminales al mes. ¿Es esa la solución? ¿Dónde está la discusión que intente averiguar el por qué tenemos desequilibrados? ¿Por qué no los advertimos antes? Se necesita con urgencia mejorar y corregir la educación y la prevención. Ni hablar, por cierto, de enmendar y perfeccionar nuestras políticas contra la delincuencia.

Como vemos, faltan argumentos sólidos en la palestra. Lo otro es paja molida. El actual debate no está ayudando a nadie, ni a la familia de Francisca ni al resto de la hoy conmovida sociedad chilena. Lo que tenemos hasta ahora son frases pobretonas, mediocres.

Por último: estemos a favor o en contra de la pena de muerte, no olvidemos que los expertos en siquiatría han dicho reiteradamente que sujetos como el criminal aludido, una vez descubierto y confrontado a su crueldad, probablemente prefieren morir que pasar décadas en prisión. No le hagamos nosotros el favor. Créanme, además, que a los violadores el castigo más grande se lo darán sus propios compañeros de prisión. Y ya sabemos cuál es.