No tiene quien le escriba...

Todos saben bien las pretensiones del Alcalde de Providencia quien, producto de la movilización de los estudiantes secundarios, desea cerrar los establecimientos educacionales de la comuna, así como establecer reglas de selección asociadas al domicilio de los estudiantes, pues en su opinión los responsables de los “desmanes” y el “descontrol” son estudiantes de fuera de su comuna.

Aunque a estas alturas salvo él y sus subordinados, el resto de las instituciones y personajes públicos han repudiado su decisión, él la ha defendido sosteniendo que la ley lo respalda y que lo que ha tratado de hacer es respetar el Estado de Derecho y sostuvo que el que “está con la ley está conmigo”. Incluso afirmó que el propio Ministro de Educación sabía de las medidas que adoptaría, lo que sin embargo el propio Bulnes se encargó de desmentir.

Pero más allá de la discusión pública, el Alcalde Labbé se equivoca. La ley no está con él en relación a estas medidas. Es él quien se encuentra infringiendo la regulación en materia de educación.

Como el edil debiera saber, las municipalidades se encuentran sometidas a un doble estatuto en materia educacional. Por un lado, en su condición de organismos del Estado deben permitir hacer efectiva la garantía constitucional de acceso a educación gratuita y, por la otra, invisten la condición de sostenedores, en tanto son receptores de subvención escolar, sujetos entonces a las condiciones impuestas en tal modalidad por parte del Gobierno Central.

Bajo ambas condiciones, carecen de autonomía desde el punto de vista de los elementos determinantes de la política pública en Educación, quedando sujetas en todo a las regulaciones y autorizaciones del Ministerio.

En efecto, es la ley quien establece que los establecimientos no pueden disponer de criterios de selección, sino tan sólo criterios de admisión en donde, dado el contexto de la misma, no es posible imponer condiciones o exigencias de carácter particular, dentro de las cuales cabe el domicilio del alumno y, además, es la ley la que condiciona que las medidas que se puedan adoptar en dichos establecimientos se deben realizar considerando las reglas definidas y acordadas en la comunidad escolar (condición esencial en el actual marco regulatorio), y en relación con aquellas de carácter estructural, a la autorización del Ministerio de Educación.

El Alcalde olvida que la única hipótesis en que la ley admite como relevante el domicilio del estudiante y su familia, es en el caso de que un establecimiento opte por el financiamiento compartido con el consentimiento de los padres. En tal caso, la ley señala que no se puede excluir de la educación gratuita a quien no puede contribuir a dicho financiamiento, siempre y cuando esté domiciliado en la comuna. Fuera de esa hipótesis el domicilio no es un factor de selección.

Pero además, la decisión de Labbé afecta el núcleo del modelo de subvenciones ideado por el Gobierno Militar. Este descansa sobre la base ideal de que el estudiante y su familia son titulares de un subsidio que pueden utilizar en el establecimiento que elijan, de manera que genere los incentivos para que los colegios compitan por los mejores estudiantes con indiferencia del lugar donde ellos estén domiciliados.

Lo que hace el Coronel es actuar en contra de ese modelo y más bien preferir aquel en el cual la educación pública debe proveerse obligatoriamente por distribución territorial, lo que ciertamente atenta en contra del núcleo y corazón del modelo que él dice admirar.

El Alcalde olvida que el Estado de Derecho no es el que él declare como legítimo, si no que el que frente a la discrepancia lo resuelven terceros, como los jueces. El 26 de julio el Alcalde interpuso un recurso de protección en contra de los centros de alumnos de distintos colegios de su comuna, que se encuentra en actual tramitación (rol 10777- 2011) y cuya orden de no innovar, para proceder al desalojo, fue rechazada por la Corte, pese a lo cual igualmente actúo de modo unilateral, sin que los jueces resuelvan aún el fondo del recurso.

Actuar en sentido contrario supone que el Derecho lo definiría el Coronel. En tal caso se equivocó de siglo y de cargo. Este no es principios del S. XVIII y él no es Luis XIV.

Apagón de conciencia

Acabamos de vivir uno de los peores apagones de los últimos años. Una falla en el sistema de transmisión del SIC hizo que más de la mitad de los chilenos sintieran el desagrado y desamparo de vivir sin energía. Es de esperar que esta incomoda experiencia sirva para que reflexionemos y, lo que parece un hábito reflejo, como apretar el interruptor y que la luz aparezca por arte de magia, se transforme en comprender que lo que hay detrás de una ampolleta prendida es un complejo sistema técnico y de voluntades.

Hace mucho tiempo que se sabe que el sistema de transmisión del Sistema Interconectado Central (SIC) no da para garantizar la seguridad del sistema y que éste podría colapsar en un plazo no mayor a dos años. Actualmente, hay en evaluación ambiental proyectos de generación por más de 10.000 MW que requieren nuevas líneas de transmisión para materializarse, pero lamentablemente el proceso de aprobación de estos sistemas es cada vez más complejo, no sólo por estar sometido a una regulación obsoleta, sino porque el país no tiene la conciencia de lo que significa la energía.

Hace más de un año duerme en el Congreso un proyecto de ley que agiliza el trámite de constitución de concesiones eléctricas de transmisión, pero éste al parecer no es de interés de los Parlamentarios, los mismos que están pidiendo respuestas, explicaciones y responsables por el apagón del sábado. Y la misma ciudadanía que ayer no pudo hacer su vida normalmente es la que se opone a todo tipo de proyecto, como si la energía se generara y transmitiera de manera espontánea y remota. Finalmente, la autoridad gubernamental que hoy exige todo el rigor de la ley, es presa fácil del impacto comunicacional, capaz de ceder antes las presiones, incluso por sobre la ley… basta ver el caso Barrancones.

En vez de indignación deberíamos sentir vergüenza. Vergüenza de ser incapaces de una mirada estratégica como país en materia energética, al igual que muchas naciones asiáticas, europeas y, sin ir más lejos, latinoamericanos con los que ingenuamente pretendemos compararnos, competir e imitarnos. La única indignación que tengo, es comprobar que una vez más comienzan a aparecer los argumentos fáciles y simplistas que no hacen más que engañar a nuestro ciudadano que ya, saturado de abusos, opta por una visión parcial del problema.

El único y gran responsable de este apagón se llama Chile en su sentido más amplio: sus autoridades, políticos, ciudadanos y empresas. Este país no ha logrado generar la conciencia ni el apego estratégico suficiente que permita darnos cuenta de que todo lo que esta sociedad pide es energía. Lo queremos todo a cambio de nada. ¿Qué sacamos con discutir sobre matriz energética, invertir en energías renovables, limpias y alternativas si no se invierte en transmisión? La energía no se trasmite por generación espontánea, sino que requiere de líneas que afectan la propiedad ajena, alteran el medio ambiente y el paisaje. Es la sociedad la que debe ponerse de acuerdo en esta materia y son sus autoridades y políticos los que deben dar el tono de madurez a la discusión. Aunque eso cueste imagen y votos.

Dolorosas pero necesarias

En tres oportunidades distintas durante el día, el Presidente Sebastián Piñera se encargó de señalar que todo apunta a que fue un brusco cambio en las corrientes del viento lo que provocó la caída del avión CASA C-212 en el archipiélago de Juan Fernández. Pero no sólo eso. Planteó taxativamente que el vuelo respetó todos los protocolos de la Fuerza Aérea. El mandatario sabe del tema. Es piloto y fue dueño de una de las aerolíneas más importantes de Latinoamérica. Aún así, persisten muchas dudas. Demasiadas.

Es probable que las condiciones climáticas hayan sido efectivamente las causas de la tragedia, pero sería necesario aclarar si el avión pudo haber tenido posibilidades de maniobrar de forma más efectiva.

Desde la FACH se ha insistido en que el avión había cumplido con los tiempos de vuelo programado y, por lo mismo, tenía reserva de combustible necesaria para efectuar varios intentos de aterrizaje. Lo que no se ha despejado con total claridad es si la nave llevaba sobrepeso. De haber sido así, y aun cuando haya cumplido con el cronograma de viaje, un exceso de peso le habría hecho consumir más combustible.

El CASA lleva la sigla de C-212, que corresponde a la inicial del fabricante, al número de motores (dos en este caso), y al número de pasajeros que se planteó como objetivo: 12. Aunque las naves han sufrido variaciones, el aparato accidentado se adaptó para transportar a un total máximo de 22 personas, y el viernes iba con 21: 18 pasajeros más tres tripulantes. La pregunta es si esa adaptación incluyó mayor potencia en sus motores para soportar mayor peso.

A la duda anterior se agrega otra. El material de construcción para la ONG “Levantemos Chile” pudo haber generado aún más sobrepeso. Si esto es así, la nave pudo haber consumido más combustible de lo normal y tuvo que afrontar el aterrizaje en condiciones de inestabilidad.

Los que lo conocen bien describen al CASA como un “camión con alas”. Al tener tren de aterrizaje fijo, su desempeño aerodinámico es escaso. Esta nave tiene capacidad STOL, es decir, para despegues y aterrizajes cortos, y por lo mismo no está diseñada para maniobras complicadas. No al menos si lleva exceso de carga.

Bien se podrá contra-argumentar que esta clase de aviones ha viajado muchas veces a zonas como Juan Fernández y otras, y que no conocíamos de accidentes. Las estadísticas demuestran lo contrario. En Chile suma varias tragedias, incluyendo 11 muertos cerca de Cabildo en 1986, otro en Rancagua en 1995 y 14 en Michimahuída en 2000. A nivel global y considerando la cantidad de CASA construidos desde 1971, se reporta casi un muerto por avión fabricado. Así lo muestra el sitio Avitation Safety Network, que reúne las estadísticas mundiales de la seguridad aeronáutica.

Esta tragedia puede convertirse en una buena oportunidad para revisar también otras disposiciones que han levantado dudas en estos días. Según la reglamentación chilena de procedimientos aeronáuticos (DAP) 11 107 párrafo 1.1.3 señala que "no se permite la operación de vuelos hacia la Isla Robinson Crusoe de aeronaves que no cuenten con aeródromo de alternativa de destino". En español simple significa tener combustible para ir y volver porque no hay otra pista cerca. Quizás no es el motivo del accidente, pero habría que aclarar si se infringieron las normas.

Tema aparte son las características topográficas del archipiélago de Juan Fernández. Su pista de aterrizaje está ubicada en un peñón y expuesta a fuertes vientos y condiciones meteorológicas en extremo cambiantes. Es una de las más cortas del país, con 1.018 metros de longitud y tiene un ancho de 18 metros. Está construida de asfalto, lo que impide que aterricen en ella aviones con un peso superior a los 7.500 kilogramos. Es decir, no pueden acceder a ella aviones pesados -la razón por la cual el Hércules enviado el viernes tuvo que devolverse- y que, además, puedan efectuar despegues y aterrizajes cortos.
Para poder llegar vía aérea a Juan Fernández, los aviones deben cumplir una serie de requisitos dispuestos por la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, tales como contar con elementos de salvación marítima y equipos de comunicación especial. ¿Los tenía el CASA accidentado?

Como el aeródromo de Juan Fernández no tiene un tráfico intenso, no cuenta con torre de control. Tampoco existe un servicio meteorológico que pueda informar en forma precisa de las condiciones actuales y no tiene procedimientos de aproximación instrumental. Para poder aterrizar, los pilotos deben sobrevolar la pista, chequear que esté despejada, y observar la manga de viento para calcular al ojo la dirección y velocidad de este.

Después del tsunami, Juan Fernández se convirtió en una de las zonas más simbólicas del país. Todos nos conmovimos ante la historia de Martina Maturana, la niña de 12 años que esa madrugada del 27 de febrero de 2010 corrió a tocar el rudimentario gong para alertar a los isleños del tsunami que los azotaría.

Se hicieron promesas. Promesas de no olvidarlos. No dejarlos tan aislados. Ha pasado un año y medio y el gong sigue estando ahí. El aeródromo sigue siendo igualmente precario y las comunicaciones igualmente inestables. Moros y cristianos, Gobierno y oposición, todos dieron su palabra e hicieron ofrendas de mejores condiciones para una zona soberana tan clave como abandonada. Los pocos que estaban honrando su compromiso fueron los mismos que murieron en esa misión.

Una última cosa. Al no ser un vuelo comercial sino militar, no hay seguros para ninguno de los pasajeros. Un detalle que cobra especial importancia considerando que varias de las víctimas fatales dejan hijos, entre ellos el matrimonio de Sebastián Correa Murillo y Catalina Vela, padres de Laura, de 11 años; Sebastián, de 8, y Leonor, de 5.

En tiempos de dolor, las lágrimas opacan las preguntas incómodas. Que la pena no nos niegue las respuestas del por qué este accidente nos quitó a un puñado de hombres y mujeres que no habían echado al olvido al olvidado Juan Fernández.