
Probablemente, esta haya sido la frase más escuchada en las conversaciones entre abogados y clientes en las últimas semanas. Y no podía ser de otro modo. La denuncia del abogado Carlos Balbontín Gubbins, de que en la investigación por los delitos cometidos en la licitación del Registro Civil existía una serie de intercepciones telefónicas entre él y uno de sus clientes, no dejó a nadie indiferente.
Primero reclamó ante el Juez de Garantía en una audiencia de cautela de garantía y consiguió que se ordenara la exclusión de esos registros. Luego, recurrió de amparo profesional al Colegio de Abogados y ello fue acogido con comunicación, tanto al Fiscal Nacional como al Poder Judicial. Ahora se han iniciado las instancias más duras, pues se han presentado querellas criminales y se indagará acerca de la responsabilidad de funcionarios de Estado en estos hechos.
Alguien podría decir, ¿y por qué tanto escándalo si se está investigando a personas que han cometido delitos? Uf, por varias razones. Es evidente que desde que se hizo público el asunto, los abogados dejaron de comunicarse con sus clientes por teléfono celular o restringieron sus conversaciones al máximo por miedo a que sus estrategias judiciales estuvieran siendo escuchadas por su contraparte. Esto es importante, porque ya no se trata de investigar el delito sino de averiguar la forma en que se defenderán los imputados a través de la intercepción de una conversación amparada por el secreto profesional.
Pero eso -que parece todavía muy técnico- no es todo. Si la policía y el Ministerio Público han interceptado conversaciones telefónicas expresamente prohibidas según el artículo 222 del Código Procesal Penal, ¿qué los detiene para hacerlo respecto de cualquier conversación telefónica? En esta misma causa se han interceptado y grabado conversaciones telefónicas de terceros, que no están involucrados en el juicio (como el padre de uno de los imputados). Entonces el problema ya no es sólo un asunto de abogados, sino que de cualquier ciudadano… ¿habla usted tranquilo por teléfono por estos días? ¿Dice estupideces? ¿Garabatea? ¿Pela? ¿Injuria? ¿Confiesa maldades? Ahora deberá pensarlo cada vez que conteste o llame por su celular… algo así como “la vida de los otros” pero en democracia y so pretexto de investigar delitos. Este no es el mundo que parecía ofrecernos la reforma procesal penal.
Si bien el fiscal nacional ha ordenado un instructivo para regular estas intercepciones telefónicas, es evidente que el daño ya está hecho. Lo único que efectivamente podría llegar a reconstruir las confianzas dañadas sería una toma de conciencia efectiva de parte de los persecutores de que en estas cosas se juega la legitimidad, no sólo de la incriminación penal, sino incluso del Estado de Derecho.
No hay comentarios:
Publicar un comentario