Cuando la emoción deja de hablar comienza el lenguaje de los tribunales. Y esos dos idiomas no tienen traducción simultánea. Lo que se veía como esfuerzos denodados por rescatar a los mineros de la Mina San José, difundidos por televisión a todo el mundo, a la hora de saldar las cuentas de toda la operación frente a la justicia, cambia, se objetiviza lo subjetivo, se ve si correspondía o no tanto gasto, tanto recurso que no dio en el blanco, tanta publicidad y propaganda que benefició, no a los mineros, sino a figuras políticas y al gobierno.
El Estado de Chile demandó a la Minera San Esteban Primera, holding de la que dependía la Mina San José, por $ 5.501.732.666 (US$ 11.228.000), equivalentes a lo que el Fisco señala que gastó en el rescate de los mineros, actuando como mandatario de un contrato tácito entre el Estado y la mina, que establecía que al carecer la Minera San Esteban de recursos para llevar a cabo el rescate, el Fisco se hacía cargo de esa acción tácitamente autorizada para ello por la empresa privada.
El socio de San Esteban y gerente general de la Mina San José, Alejandro Bohn, respondió a la demanda, documento al que tuvo acceso El Post. Lo primero que impresiona es que se terminó el tiempo de hablar de dramas humanos, causas de accidentes, presencia o ausencia en el lugar de los dueños. Cuando las demandas civiles se apoderan del escenario, es el razonamiento de los gastos y del buen uso del dinero el que predomina. Dicho de otra manera, para ponerlo en términos de la reciente campaña electoral y de lo que ha permeado hasta hoy la comunicación pública sobre el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, es la gestión y eficiencia del rescate propiamente tal lo que será ventilado en tribunales.
Cuando se han desarmado las carpas, se han ido las casas rodantes, no hay cámaras por ningún lado y en la Mina San José vuelve a escucharse el sonido del viento por las noches, a la hora de saldar las cuentas por toda la tragedia, una empresa privada, con el frío lenguaje del adecuado uso del dinero, responde al más economicista de los gobiernos, lleno de ex empresarios y ejecutivos privados, hoy ministros y subsecretarios, que por décadas han hablado exactamente el mismo lenguaje, para cuestionar la cantidad de plata que se le pide restituya a las arcas fiscales.
Es una batalla de razones de mercado y de eficiencia del gasto, Bohn reconoce que San Esteban debe pagar lo que corresponde al mandato tácito señalado anteriormente, pero rechaza cancelar gastos que juzga son propios de la ineficiencia o que no tienen que ver con el objetivo directo del mandato, esto es, rescatar a los mineros. Lo hace invocando el concepto de razonabilidad operativa. El principal “testigo de la defensa” esgrimido por el representante de Minera San Esteban es, nada más y nada menos, que el ministro de Minería, Laurence Golborne. En el programa Tolerancia Cero, el 17 de octubre de este año, el ministro Golborne respondió así a la pregunta sobre la operación de rescate: “Fue eficaz, pero no eficiente”. Y agregó que las instrucciones del Presidente eran que “no se fijara en gastos”. Esto que puede ser visto como lo lógico de hacer cuando hay 33 personas enterradas en el desierto, a la hora de buscar saber quién paga la cuenta en una corte de justicia, deja de ser lo lógico y necesita justificarse racionalmente, para evaluar si se actuó conforme al mandato tácito de ayuda solicitada al Fisco. Dicho de otra manera, si cada vez que una empresa no puede con sus recursos enfrentar un accidente y el Estado interviene, gastando a destajo, lo que más tarde significa una cuenta que hace quebrar a la empresa, quizás habría que mandatar a otro más eficiente. De hecho, si nos apegamos a lo estrictamente factual, sacando las coordinaciones y liderazgos políticos del cuadro, el rescate fue enteramente obra de la empresa minera privada: las sondas que los buscaron y encontraron fueron privadas, y corrieron con los gastos por su cuenta; y el Plan B que los rescató fue el único de los tres planes que íntegramente estaba en el dominio de la minería privada, costeado por Doña Inés de Collahuasi. Lo anterior es recalcado por el representante de la minera San Esteban en la contestación a la demanda del Estado: “(...) el Estado de Chile, determinó obrar con dos planes concomitantes, y a tal efecto levantó dos plataformas de sondajes, denominadas A y C. Los privados, específicamente la Minera Collahuasi, levantó a su vez la plataforma B. Los valores y costo de cada una de aquellas plataformas son inmensamente distintos. Lo acreditaremos oportunamente. También probaremos que aquella plataforma que fue evaluada, propuesta y ejecutada por privados de la Minera Collahuasi, que además tuvieron la generosidad inmensa de donar en forma total su costo, fue la que finalmente permitió el rescate. Al mismo tiempo fue la más económica, cerca de 10 veces menos que aquella opción por la que se jugó con énfasis el ministro de Minería, que con justa razón dijo tiempo después que el rescate había sido eficaz pero no eficiente”.
El representante de la Minera San Esteban invoca otro concepto, el de razonabilidad legal, para rechazar lo que considera no debe pagar la empresa. En especial los costos asociados a lo que le dio beneficio al Estado y al Gobierno y que no formaba parte esencial del rescate propiamente tal. Por ejemplo, los costos asociados a la publicidad y propaganda del evento. Dice Alejandro Bohn en su respuesta: “(...) aceptamos en esta contestación, que en la especie sí se configuró un contrato de mandato tácito entre las partes, en virtud del cual la SEP le confió la gestión del rescate al Estado de Chile, que se hizo cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera, pero circunscribimos y limitamos lo que debemos reembolsar, solo a aquellos gastos relacionados con el rescate de los mineros propiamente dicho, mas no a aquellos otros gastos que se relacionan con actos públicos y notorios que llevó adelante la Administración en su particular y propio beneficio, excediéndose de los límites razonables de lo que era el encargo, y que se evidencian en especial, en los innumerables actos mediáticos en los cuales se desarrolló el rescate (...) Muchos de estos gastos, tememos que puedan estar incluidos en partidas de materiales, equipos, aportes y/o en otros ítems, cuya plausibilidad y procedencia discutiremos en su momento. (...) aquello de existir pérdidas para el Fisco de Chile es, asimismo, dudoso. Más que pérdidas en verdad obtuvo utilidades con el cumplimiento del encargo, constituye un fuerte aumento porcentual de la “Imagen-Gobierno” y la “Imagen-País”, en términos de una campaña publicitaria y de marketing que ha sido avaluada por expertos, en los medios de opinión pública, en una suma sideral que habrá que determinar, pero hemos oído de expertos que podría alcanzar la suma de más de USD 2.000 millones de dólares”.
Esta demanda está recién comenzando. El Estado ha solicitado un monto de casi 11,5 millones de dólares a la Minera San Esteban, que en épocas optimistas, cuando no se advertía la tragedia, estaba avaluada en la mitad.
Es la hora del lenguaje del dinero bien o mal gastado y quién debe pagar por él. En ese escenario demandantes y demandados se mueven como peces en el agua.
