
El próximo 8 de noviembre será una prueba de fuego para las conversaciones que sostuvieron el gobierno y los presos mapuches, tras la huelga de hambre. Ese día comenzará en Cañete el juicio oral en contra de 19 comuneros, entre ellos Héctor Llaitul -líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM)-, por el atentado en contra del fiscal Mario Elgueta, ocurrido en Puerto Choque, Tirúa, el 15 de octubre de 2008. Mientras la Gobernación de Arauco ya recalificó sus querellas por ley antiterrorista tras el acuerdo alcanzado luego del ayuno, el Ministerio Público no lo ha hecho.
Los imputados son acusados por parte de la fiscalía regional de más de 10 delitos, entre ellos asociación ilícita terrorista; robo con intimidación; incendio terrorista; asociación ilícita terrorista para el robo de madera e incendio simple. Ello implica que, pese al gesto del gobierno de recalificar algunas de esas querellas por delitos comunes -lo que se traduciría en penas mucho más bajas-, en términos legales los presos mapuches igual se enfrentan a altas condenas, pues el Ministerio Público estima que en esta etapa no corresponde dejar de invocar la ley antiterrorista.
En tanto, el "gesto" de la Gobernación en el juicio se traducirá en que estima que los delitos en cuestión son sólo del tipo ordinario.
Durante el juicio, Llaitul será defendido por el ex juez del caso Pinochet, Juan Guzmán Tapia, mientras que Natividad Llanquileo repetirá el rol de vocera de los cinco presos de la cárcel El Manzano -entre ellos el líder de la CAM- que tuvo durante la huelga. En estos días los comuneros y sus representantes están en búsqueda de observadores nacionales e internacionales que estén presentes en la audiencia que, se prevé, durará un mes.
La fiscalía -representada por el fiscal regional Andrés Cruz- presentará más de 100 pruebas. Una de las consideradas clave es la grabación de una conversación telefónica entre Llaitul y los comuneros Jonathan Huillical y José Huenuche, que a su juicio, demostraría que estaban en Puerto Choque la noche del atentado. Esto, porque el llamado se realizó instantes después y en el mismo sector.
Además, declararán 200 testigos, de los cuales 36 tienen reserva de identidad, justamente uno de los puntos por el que protestaron los presos mapuches durante la huelga de hambre.
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